Acusan al jefe de Policía municipal por ejecutar al menor que mató a Carlos Manzo, según videos y peritajes
La Fiscalía General del Estado de Michoacán presentó pruebas contundentes en la audiencia inicial por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Según las investigaciones, el director de la Policía Municipal, Demetrio “N”, habría disparado contra el joven de 17 años que atentó contra el edil, incluso cuando ya estaba sometido y desarmado. Esta acusación apunta a una posible ejecución extrajudicial, de acuerdo con los testimonios, videos y peritajes balísticos dados a conocer por la Fiscalía. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Durante casi ocho horas de audiencia, la Fiscalía y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) presentaron reconstrucciones del ataque, declaraciones de testigos y evidencia pericial que describen cómo el agresor, luego de disparar contra Manzo, forcejeó con escoltas y soltó el arma. Según la Fiscalía, Demetrio “N” recogió la pistola del suelo y disparó casi a quemarropa al joven, que ya estaba inmovilizado. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Un paramédico que presenció los hechos declaró que los escoltas impidieron que se brindaran primeros auxilios al joven. Aseguró que no se le permitió ninguna atención hasta la llegada de la Guardia Nacional, pero para entonces el menor ya había fallecido. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Relación del crimen con el CJNG
Los peritajes también han puesto sobre la mesa la vinculación del homicidio con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La Fiscalía aseguró que el joven agresor estaba reclutado por esta organización criminal, y que altos mandos como El R1 y El Mencho estuvieron detrás de la orden el asesinato.
De acuerdo con las declaraciones de los acusados, se habría ofrecido un pago de 2 millones de pesos para ejecutar a Manzo. Además, las autoridades responsabilizan a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, como autor intelectual del crimen. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Investigación de ejecución extrajudicial
El caso ha generado preocupación por una posible falla grave en el uso de la fuerza por parte de la policía municipal. La Fiscalía advierte que podría tratarse de una ejecución extrajudicial, ya que el joven estaba esposado, desarmado y sin capacidad de resistencia cuando recibió el disparo mortal. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Además de los videos mostrados durante la audiencia, los peritos balísticos confirmaron que la pistola usada era la misma que el agresor había soltabado en el momento del forcejeo, lo que refuerza la versión de que el disparo fatal provino de un elemento de seguridad. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Lo que sigue en el proceso legal
Tras la audiencia, el juez dictó prisión preventiva oficiosa para los ocho imputados, incluidos escoltas y el presunto autor intelectual. Se espera que en la próxima sesión, programada para el 26 de noviembre de 2025, el juez decida si todos los acusados serán vinculados a proceso por homicidio, crimen organizado y posible ejecución extrajudicial. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
El caso se ha convertido en un punto clave para la justicia en Michoacán, pues cuestiona no solo la responsabilidad penal de los involucrados, sino también la ética y protocolos de actuación de la policía municipal en contextos de alto riesgo.
La exposición pública de estos videos y peritajes eleva la exigencia social para que se esclarezca a fondo el crimen que conmocionó a Uruapan. Además, abre un debate crucial sobre cómo las autoridades deben actuar cuando un agresor es detenido y neutralizado, y si puede justificarse un disparo en esas condiciones.
En definitiva, la acusación contra el jefe policiaco Demetrio “N” no solo refleja una compleja red criminal, sino también un choque entre seguridad pública y derechos humanos. La sociedad y las instituciones observan de cerca el desarrollo de este proceso, que podría marcar un antes y un después en la forma en que se investiga la violencia política en Michoacán.
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