Asesino de Carlos Manzo fue abatido con su propia arma pese a estar sometido: revelaron en audiencia

Durante la audiencia realizada por el crimen del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se presentó una de las revelaciones más impactantes del caso: el joven identificado como autor material del homicidio fue abatido utilizando la misma arma que él había empleado, a pesar de que ya se encontraba sometido por los escoltas del presidente municipal. La información fue presentada ante un juez del penal federal El Altiplano.

La Fiscalía de Michoacán informó que, según la reconstrucción de los hechos, el agresor —que tenía antecedentes como policía municipal— atacó a Carlos Manzo durante un evento público. Tras disparar y huir, fue interceptado por escoltas quienes lograron inmovilizarlo. Sin embargo, minutos después el joven recibió un disparo con su propia arma aún en posesión del sistema de custodia.

Este elemento añadió complejidad al caso, pues sugiere una posible ejecución extrajudicial, algo que la defensa del acusado está analizando como parte de las obras de litigio. La audiencia reveló que no hubo registro formal de entrega de la pistola por parte de los escoltas al sistema forense antes del disparo final.

La audiencia tuvo una duración de más de cinco horas y en ella se presentaron pruebas testimoniales, análisis balísticos y videos que muestran la zona donde ocurrió el intercambio fatal. Asimismo, se confirmó que la orden de ejecutar al alcalde se originó desde mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo a “El R1” y “El Mencho”.

Según el rastreo de geolocalización y mensajería, los sicarios seguían los movimientos de Manzo en tiempo real, lo que permitió a las autoridades establecer que la acción fue premeditada y coordinada, con pago de 2 millones de pesos ofrecido para el homicidio.

La revelación de que el agresor fue abatido mientras estaba sometido abre una línea de investigación por posible abuso de autoridad. Expertos en derechos humanos advierten que deberá investigarse si los escoltas actuaron conforme a protocolo o incurrieron en exceso de fuerza al disparar.

La familia de Carlos Manzo sigue de cerca el proceso y ha exigido que se esclarezca no solo quién apretó el gatillo, sino quién dio la orden. Con la prisión preventiva oficiosa dictada para los ocho acusados, el juicio promete nuevos detalles que podrían implicar altos mandos tanto criminales como municipales.

Este caso, de alto impacto en Michoacán, podría marcar un precedente para la justicia política y criminal en México, al combinar narcotráfico, ejecución política y presunta falla institucional en esquemas de protección de servidores públicos.